Más de 20.000 personas reciben ayuda de Cáritas Diocesana de Santiago

Cáritas Diocesana de Santiago prestó ayuda directa a 20.027 personas el año pasado, beneficiando en total a 44.462 individuos, una cifra inferior a la de 2022 (24.863 personas atendidas directamente y 47.323 beneficiarias) debido a las secuelas socioeconómicas de la pandemia. La entidad, que opera en 111 municipios de A Coruña y Pontevedra, incluidas A Coruña, Santiago y Pontevedra, presentó su balance anual subrayando que la vivienda sigue siendo el principal obstáculo para la integración sociolaboral. Pilar Farjas, directora de Cáritas, destacó el aumento del 45% en la partida económica destinada a pagos vinculados a viviendas en el primer semestre de 2024, debido al incremento de los precios de alquiler.

Farjas enfatizó la drástica reducción en la oferta de viviendas en alquiler y la inseguridad de los contratos, lo que ha dificultado el acceso a alquileres para las familias asistidas por Cáritas. En 2023, la organización atendió a 246 personas que necesitaban un inmueble de acogida y a 429 personas sin hogar. Además, se constató un cambio en el perfil de los beneficiarios, con un aumento de inmigrantes, especialmente de Venezuela, Cuba y Perú, que buscan asentarse definitivamente en España. La inserción laboral de estas personas ha sido facilitada por el idioma y su interés en establecerse en el país.

El informe también revela que las mujeres siguen siendo las principales receptoras de ayuda de Cáritas, y la franja de edad más necesitada es la de 36 a 65 años. Esto demuestra que tener un empleo no siempre garantiza la estabilidad socioeconómica suficiente para evitar la pobreza y la exclusión.

Un reto particular para Cáritas es el futuro de 21 familias ucranianas, con 17 menores, alojadas en el albergue del Monte do Gozo. Estas familias, formadas mayoritariamente por mujeres con hijos, reciben apoyo económico y logístico de Cáritas, que está trabajando en alternativas para su plena integración en Santiago. Farjas subrayó la necesidad de la implicación de todas las administraciones para garantizar la inserción laboral y la disponibilidad de viviendas adecuadas, permitiendo que estas familias normalicen sus vidas.