Una empleada del Servicio Público de Empleo de Melide pierde su condición de funcionaria

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La Consellería de Facenda e Administración Pública ha revocado el estatus de funcionaria de carrera a una empleada del Servicio Público de Empleo, con plaza en la oficina de Melide, tras ser condenada por un delito continuado de estafa. La condena se basa en la solicitud de créditos a varias empresas en línea en nombre de 29 personas, algunas de las cuales estaban desempleadas en el momento de los hechos, que se extendieron por casi dos años.

La resolución, publicada el martes en el Diario Oficial de Galicia, sigue la sentencia condenatoria emitida el 18 de diciembre por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La exfuncionaria recibió una sentencia de año y medio de prisión, una multa de 1.080 euros y una inhabilitación especial para trabajar en cualquier función relacionada con las oficinas de empleo u organismos dependientes del Servizo Público de Emprego de Galicia durante dicho período.

La pérdida del estatus de funcionaria de carrera, con efecto desde el 9 de febrero, se justifica según la Ley de Empleo de la comunidad autónoma, que estipula que la inhabilitación especial firme conlleva la pérdida de dicho estatus. La sentencia del TSXG también afecta al esposo de la exfuncionaria, aumentando su condena de cárcel a nueve meses, una revisión al fallo anterior de la Audiencia Provincial de A Coruña, que había aplicado tres atenuantes a la pareja.

Los hechos, ocurridos entre noviembre de 2014 y octubre de 2016, involucraron la obtención de créditos en línea utilizando las identificaciones de los perjudicados, algunos de los cuales eran desempleados atendidos por la exfuncionaria en la oficina. Además, la pareja manipuló las nóminas de la Xunta para simular que eran las de los prestamistas.

La sentencia, apelada por la Fiscalía y la acusación particular ante el TSXG, consideró los actos como estafa continuada, uso de documentos auténticos por persona no autorizada y falsedad en documento mercantil. Aunque algunas solicitudes de préstamos tuvieron éxito y se devolvieron con intereses, otros casos resultaron en la asunción de costos por parte de los perjudicados, quienes tuvieron que realizar llamadas, visitar sucursales bancarias, presentar denuncias y asistir a declaraciones, a pesar de que ninguno de ellos tuvo que pagar los préstamos obtenidos fraudulentamente.